El Gobierno nacional pretende aprobar antes de fin de año la reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial, con un llamativo apuro para evitar que crezca la indignación ante lo que será otro capítulo de la entrega de la soberanía nacional a empresas extranjeras.
En este caso, los negocios del kirchnerismo con las compañías multinacionales dedicadas a la megaminería pudieron más que las garantías constitucionales para preservar la vida de los habitantes de la Nación.
Es que los legisladores oficialistas resolvieron por orden de la presidenta Cristina Fernández quitar la propuesta de inclusión del artículo 241, que reconocía como derecho fundamental el acceso al agua potable y obligaba al Estado a garantizarlo a todos los habitantes.
Así figuraba en el anteproyecto, que la propia Casa Rosada le había encargado en 2011 a un grupo de 100 juristas encabezados por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.
La razón por la que el Gobierno decidió deshacerse de este apartado está íntimamente relacionada con su alianza con multinacionales depredadoras como la Barrick Gold, que le dejan por año una cuantiosa suma de dinero a la caja estatal.
Es que este tipo de compañías necesitan para extraer oro de la cordillera nacional –y de otros puntos del país– usar cantidades exorbitantes de agua (ver aparte) con el riesgo latente de además contaminar los ríos.
No está en la agenda oficial …..(seguir leyendo)
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