AYOTZINAPA y el caso de los 43 estudiantes desaparecidos.

En Ayotzinapa se encuentra la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, a la que concurrían los 43 estudiantes. Es una institución formadora de profesores de primaria y educación física, con un esquema de internado, exclusivamente para jóvenes de bajos recursos. Allí se formaron líderes de grupos armados clandestinos, como Lucio Cabañas o Genaro Vázquez. La escuela mantiene una perspectiva de educación socialista. Desde 1935, los alumnos de las normales rurales se organizan en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm). Esto significa que el reclamo de estas escuelas es una constante en la historia de México. No solo Ayotzinapa lucha por sobrevivir. Año tras año, a lo largo y a lo ancho de todo el país, las escuelas normales rurales se movilizan para que se abra la convocatoria, para que no les quiten las becas y para pedir material didáctico. Antecedentes: el primer caso Ayotzinapa

 El 12 de diciembre de 2011, normalistas bloquearon la Autopista del Sol para reclamar el cumplimiento de un pliego petitorio que demandaba la reparación de las instalaciones del edificio y el aumento de los recursos para su sustento. La protesta fue reprimida por la policía estatal y dos estudiantes fallecieron. Los hechos El viernes 26 de septiembre, cerca de las 21 (hora de México), decenas de normalistas llegaron a Iguala. Según la versión de los sobrevivientes, habían ido a la localidad de Iguala a realizar una colecta para financiar sus estudios y un transporte para viajar al Distrito Federal y asistir a la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 1968 (Matanza de Tlatelolco). Según la versión del alcalde José Luis Abarca, los normalistas pretendían sabotear la fiesta de celebración que el alcalde brindó a su esposa, María de los Ángeles Pineda, por los logros obtenidos durante su gestión, además de posiblemente presentarla como candidata para las elecciones de este año; por este motivo, habría dado la orden de reprimir. Secuestro y desaparición Los estudiantes fueron atacados y perseguidos por policías municipales que los llevaron a su cuartel y desde ahí los trasladaron al municipio de Pueblo Viejo (Veracruz), con ayuda de agentes del municipio de Cocula (Guerrero). En Pueblo Viejo habrían sido entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos, un remanente del cartel narco de los Beltrán Leyva. Además, esa misma noche murieron seis personas más (tres normalistas, un pasajero y el chofer de un autobús que fue emboscado y una mujer que viajaba en un taxi que quedó en medio de los incidentes). El 9 de octubre el grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), anunció la creación de la "Brigada de ajusticiamiento 26 de Septiembre" y declaró la guerra a Guerreros Unidos por el asesinato de los estudiantes. La búsqueda Desde el 4 de octubre se han encontrado 38 cuerpos en fosas clandestinas. Ninguno de ellos pertenecía a los normalistas desaparecidos. Los familiares solicitaron al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que verificara los datos. La búsqueda de los restos también se extendió a basureros. Desde 1984, el EEAF desempeña un papel muy importante en la búsqueda y el reconocimiento de cuerpos de desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina. Licencia y fuga El 30 de septiembre el alcalde José Luis Abarca solicitó licencia con el argumento de que con esto facilitaría las investigaciones. En su última aparición se defendió de las acusaciones al declarar que él había ordenado a la policía no reprimir a los normalistas, a quienes acusó de agredir a los asistentes al evento de su esposa, y después se fugó. Luego de 35 días, Abarca fue atrapado. La Comisión de San Lázaro El 7 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó integrar una comisión especial para investigar el caso. El primer informe señaló inacción de la policía estatal y utilización de información imprecisa y contradictoria. La ciudadanía también se organizó en comisiones para acompañar a las familias en la búsqueda de los normalistas y el pedido de justicia. Cambios en el gobierno estatal y “caídas políticas” Además de la fuga de Abarca, el 23 de octubre, tras la presión ejercida por el descontento de la ciudadanía, Ángel Aguirre solicitó licencia como gobernador de Guerrero. Fue reemplazado por el académico Rogelio Ortega, que asumió como gobernador interino. Más ¿seguridad? Desde el 19 de octubre, el gobierno federal tiene el control de la seguridad en 13 municipios de Guerrero y uno del Estado de México, mediante la implentación de un gobierno paralelo manejado por un comisionado nombrado por el presidente, Peña Nieto. Además, la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció una recompensa de 1.5 millones de pesos por información que permitiera localizar a los estudiantes.
FTE:Revista Gira.Bs.As.